Salvados… por la Administración electrónica?

La verdad es que hace ya muchos años que desde algunas instituciones empezamos a trabajar en esto de la Administración Electrónica. Más concretamente, hemos trabajado en la aplicación de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos (Ley 30/1992), en crear las herramientas para permitir el ejercicio de los derechos de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos (Ley 11/2007), o incluso en cosas tan «chulas» como la eGobernanza, la eAdministración, la Administración sin papeles…

Casi veinte años de desarrollo de la Administración electrónica en los que se han producido numerosos avances (y también algunos retrocesos) en los dos mundos involucrados en este ámbito: el jurídico y el tecnológico. Dos mundos que han ido haciendo camino en paralelo pero manteniendo ciertas reticencias mutuas hasta que las recientes Leyes 39/2015 y 40/2015 han forzado una confluencia absolutamente imprescindible.

Desde el convencimiento de que la Administración Electrónica es la evolución natural que deben seguir las instituciones, acorde con el desarrollo de la sociedad a la que sirven, hemos concluido que su implantación redundará en toda una serie de ventajas para la ciudadanía y las Administraciones, como su disponibilidad permanente (24/365) y desde cualquier ubicación, una mayor velocidad de tramitación, el ahorro de costes, una mayor eficiencia y otras muchas mejoras que, sin duda, van a hacer del mundo un lugar mejor. Y así se refleja en la nuevas normas que obligan a todas las Administraciones a la implantación generalizada de sus múltiples beneficios.

Ayer, con motivo de una práctica relacionada con el máster de Administración y gobierno electrónico de la UOC, estaba dándole vueltas al asunto de la auténtica demanda de la sociedad en cuanto a servicios de administración electrónica en España. Pensaba que no parece ser un tema que interese demasiado a la sociedad en general, más allá de las personas que trabajamos en las propias Administraciones y aquéllas que, por imperativo legal, se ven obligadas a la relación exclusivamente electrónica con ellas.

Y en esas estaba cuando en el programa de Jordi Évole, Salvados, un alcalde de un pequeño pueblo de Soria mencionó la Administración Electrónica y no precisamente para bien:

Y esta es la realidad en muchas de las pequeñas Entidades Locales que no son tenidas en cuenta a la hora de legislar desde la comodidad de un Ministerio. Los recursos disponibles, económicos, técnicos y humanos, no son los mismos y sin embargo, la Ley trata a todos por igual. La respuesta de Jordi Évole cuando el alcalde le habla de la Administración Electrónica tampoco tiene desperdicio: ¿Qué es eso?

Este es el reto principal que en el ámbito de la Administración Electrónica, deben afrontar las Diputaciones Provinciales. No se trata solo de la puesta en marcha de las normas y herramientas necesarias para cumplir con la normativa en las propias instituciones provinciales, sino que deben asistir y poner los medios necesarios para que las Entidades Locales de su territorio puedan también cumplir con las leyes. Así lo dispone la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local al introducir en el art. 36 de la LBRL como competencia propia de la Diputación o entidad equivalente «La prestación de los servicios de administración electrónica y la contratación centralizada en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes«.

Esta obligación deberá entenderse tanto en lo referente a la puesta en marcha de las herramientas técnicas y normativas necesarias para adaptar el funcionamiento de las Entidades Locales a las disposiciones de la Administración Electrónica como en lo referente al despliegue de las infraestructuras de telecomunicaciones básicas para su adecuado funcionamiento: redes de banda ancha, acceso a la red SARA y otras.

Como queda de manifiesto en el programa de Salvados, antes que preocuparse por la Administración Electrónica y el acceso de la ciudadanía a los servicios administrativos, existen muchos lugares en nuestro país donde el foco debe ponerse en la supervivencia de esa ciudadanía y de la Entidad Local misma. Y muchos de esos lugares están en el Altoaragón.